El proyecto “Mochila Argentina” impulsado desde el sector industrial argentino para bajar los costos laborales ya que junto a los impositivos suelen ser los reclamos más frecuentes atribuyéndoles las dificultades para la radicación y permanencia de empresas en el país; fue rechazado por el Frente Político Social y Sindical (FPSyS).

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Dicho Frente con base en Tres de Febrero, lo conduce el líder del Sindicato de Camioneros y CGT San Martín, Octavio Argüello, quien salió a fijar postura contra esta propuesta que se basa en una modificación del régimen indemnizatorio por despido, mediante la creación de un fondo denominado “Seguro de Garantía de Indemnización” (SGI) que sería abonado en cuotas mensuales equivalentes y actualizadas a su último sueldo, en base a su antigüedad en el empleo.

Como parte del Frente de Todos, apuntó a Juntos por Cambio sin mencionarlo ya que instó no votar a quienes impulsen estas medidas. Fue ese espacio el que lo había hecho anteriormente y viene dando indicios de retomar el tema.

Al respecto, el conductor del FPSyS argumentó el contundente rechazo a través de un comunicado que se detalla a continuación:

“Los Sindicatos surgen para representar y defender los intereses de sus afiliados, pero claramente los trabajadores organizados debemos participar y trascender la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es el país al que aspiran, de la misma manera, que los demás grupos políticos y sociales. Se requiere la presencia activa de los trabajadores en todos los niveles.

Desde nuestro espacio manifestamos una profunda preocupación cuando escuchamos que invocando la modernidad nos hablan de reformas laborales con el objetivo de crear empleo, en el caso que hoy nos convoca la denominada Mochila argentina.

Las leyes laborales, han sido creadas para limitar jurídicamente la desigualdad en las relaciones del trabajo, que en definitiva son relaciones de poder, encontrándose el empleador en una posición dominante frente a los trabajadores, que cambian su fuerza de trabajo por un salario esencial para su subsistencia y la de su grupo familiar.

La indemnización de la LCT tiene doble finalidad, por un lado reparar los daños ocasionados por el despido injustificado, y por el otro, desalentar la conducta rupturista de los empleadores que despiden en forma arbitraria. Cada trabajador sabe lo que cuesta mantener el poder adquisitivo de los salarios en las respectivas paritarias, debilitar al trabajador formal solo se traducirá en baja nominal de los salarios y deterioro de condiciones laborales. También inevitablemente se precarizará el ingreso de trabajadores informales y un aumento de la ya enorme e injusta desigualdad.

El proyecto Mochila argentina degrada los derechos de los trabajadores. No los protege frente al despido arbitrario, sino que los coloca en una situación de desamparo, dependiendo de la voluntad unilateral del empleador.

El problema no es el modelo sindical o las leyes laborales, sino la economía. Lo que debe construirse es un plan económico y tributario que incentive el empleo y la producción y desaliente la especulación financiera. El 80% del empleo pasa por las pymes, que atraviesan una crisis fiscal y financiera, a raíz de de 4 años de políticas que beneficiaron la bicicleta financiera en perjuicio de la producción, y luego una pandemia que semiparalizó al mundo.

Desde este espacio rechazamos todo proyecto que en nombre de bajar la informalidad laboral, la modernidad o generación de empleo agreguen precariedad laboral, el status de trabajador formal con vacaciones pagas y salud no es un privilegio, debe ser una condición básica para cada argentino y argentina.

Es nuestra esencia sostener los derechos adquiridos, no podemos ceder ante el oportunismo de sectores que buscan enriquecerse en detrimento de trabajadores que aportan cada día para engrandecer la patria, por ello exhortamos a cada trabajadora y trabajador a no votar a candidatos que quieran precarizar las condiciones laborales y salariales”.